Cada vez más se opta por alquilar una casa antes que adquirir el inmueble. La situación de crisis impide a muchas familias comprar una vivienda ya que no pueden acceder a una hipoteca. El incremento de casas de arrendamiento es una realidad, así como el auge del seguro de alquiler. De hecho, en la actualidad 6 de cada 10 viviendas arrendadas están protegidas por una póliza de este tipo.

El mercado del seguro de alquiler es muy extenso y permite conseguir la mejor oferta que se adapte tanto al dueño de la casa como al inquilino. Prevenir ciertas situaciones con estos seguros evita problemas y dan al arrendador una tranquilidad absoluta a la hora de alquilar.

Hay circunstancias que pueden escaparse de las manos del propietario, pero con el seguro de alquiler todo queda solucionado. Así, si el inquilino no puede pagar por cualquier motivo, hay que desahuciar o el arrendatario provoca daños malintencionados en la casa, el seguro se hace cargo de todo. De esta manera, alquilar una casa ya no es arriesgado, si no la mejor forma de rentabilizar la compra de nuestras viviendas.


El pago de los gastos en el alquiler debe establecerse en las condiciones del contrato de arrendamiento y tanto el propietario como el ocupante deben estar de acuerdo. Así, ambas partes  sabrán cuáles son sus derechos y sus obligaciones frente a cualquier desacuerdo que se pueda producir en el futuro.

Por un lado, los gastos generales son abonados por el dueño del piso alquilado, siempre y cuando no se hubiera establecido lo contrario en el acuerdo. En el mismo sentido, el propietario, en un principio, paga del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de basuras.

Por otro lado, el inquilino debe hacerse cargo del pago de los gastos en el alquiler derivados del uso de la vivienda, ente ellos, el agua, la luz o el gas. Lo más fiable para que el propietario no se vea implicado en el impago de estas cuotas es poner el recibo a nombre del ocupante, con su correspondiente cuenta bancaria.

Sin embargo, la forma más segura de proteger el pago de los gastos en el alquiler por parte del arrendatario es contar con las ventajas de un seguro de alquiler que cubre el impago de las rentas, los daños malintencionados que pueda provocar el inquilino o de los costes de un proceso de desahucio.


Actualmente, existen una serie de contratos de alquiler excluidos en la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) que el propietario de la vivienda debe conocer para cerciorarse de en qué casos debe acudir a esta normativa y en cuáles no.

En este sentido, quedan fuera de la LAU los supuestos que se enumeran a continuación:

- Las casas de porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios de las que hagan uso por razón de su cargo.

- Viviendas militares.

- Habitaciones o casas pertenecientes a una finca en las que resida el arrendatario con el objetivo de su aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal. Estos contratos se rigen por la Ley de Arrendamientos Rústicos.

- Viviendas universitarias, propiedad de ésta, en las que vivan alumnos o personal docente.

Para el resto de los casos que no sean estos contratos de alquiler excluidos en la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece cuáles son las pautas a seguir por arrendatarios y los arrendadores.

Sin embargo, para evitar cualquier tipo de perjuicio económico por parte del propietario, tanto por el impago de las rentas, como por desperfectos malintencionados en la vivienda o por desahucios, lo más recomendable es contratar un seguro de alquiler.


El derecho de adquisición preferente establece cuál es el procedimiento a seguir en caso de que el dueño de la vivienda alquilada decida traspasar la casa. En tal situación, el inquilino tiene preferencia sobre cualquier otra persona interesada, tal y como indica el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Así, el derecho de adquisición preferente señala que el inquilino tiene 30 días naturales, desde que el propietario de la casa le envía la notificación, para decidir si quiere comprar la vivienda en alquiler. En el documento que el arrendador envía al ocupante debe especificar el precio de venta y las condiciones de la misma. Además, si a los 180 días el dueño no ha obtenido resultados y quiere volver a poner en venta la casa, deberá enviar al inquilino un nuevo escrito de características similares.

En el caso de que el arrendador no notifique al arrendatario su intención de vender el piso u ocultara alguna de las condiciones, el inquilino dispone de 30 días para ejercer su derecho de retracto.

Por otro lado, si el dueño quiere vender también los elementos que se encuentran en el interior de la vivienda, el inquilino no tendrá derecho de adquisición preferente sobre los mismos, ya que la LAU sólo hace referencia al inmueble.


Realizar una comparativa de seguros de alquiler de viviendas es imprescindible para los propietarios de casas arrendadas.

Y es que cada vez es más frecuente que aquellas personas que disponen de un segundo inmueble los alquilen. Sin embargo, su protección no tiene por qué conllevar un gasto elevado, de hecho, en muchas ocasiones es posible repercutir el coste total de la póliza directamente al inquilino.

En este sentido, a través de la comparativa de seguros de alquiler de viviendas, los usuarios pueden realizar un estudio de las diferencias y similitudes de los diferentes productos en lo que respecta a sus tarifas y coberturas. En concreto, en garantías relacionadas con el continente como los daños producidos por incendio, actos vandálicos, robo, rotura de cristales, daños estéticos o la responsabilidad civil, entre otros.

Por otro lado, es importante indicar que los seguros de alquiler para propietarios no suelen incluir servicios para proteger el contenido de la casa o lo que es lo mismo, los enseres que se encuentran en su interior, ya que de este aspecto deberá encargarse el arrendatario de la casa.

En conclusión, la gran variedad de productos que están en el mercado y las múltiples ofertas que lanzan las compañías especializadas hacen de la comparativa de seguros de alquiler de viviendas un paso imprescindible para obtener las pólizas más beneficiosas en cada caso.


Realizar obras de mejora en una casa de alquiler es un hecho que puede surgir en cualquier momento, por lo que tanto el dueño como el inquilino deben ser conocedores de sus derechos y obligaciones en estos casos.

En este sentido, se puede destacar que el inquilino está obligado, tal y como indica el artículo 22 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), a soportar las obras que tengan que realizarse en el inmueble cuando su ejecución no pueda retrasarse hasta la finalización del contrato del alquiler.

Sin embargo, el propietario debe notificarlo por escrito al menos con tres meses de antelación, indicando la naturaleza de la obra, la fecha de comienzo, la duración de la misma y el coste previsible.

Además, el inquilino, una vez que recibe la notificación, tiene un plazo de un mes para finalizar el contrato de alquiler, pero nunca si las obras de mejora en una casa de alquiler no le afectan o sólo de “modo irrelevante”. El acuerdo finalizaría en un plazo de dos meses, durante los cuales el propietario no podrá empezar con los trabajos.

Por el contrario, si el arrendatario accede a las obras tiene derecho a una reducción de la renta proporcional a la parte de la vivienda afectada, así como a una indemnización por posibles gastos originados por las mismas.

En el lado contrario, el arrendatario no puede realizar obras que modifiquen la configuración de la casa sin el consentimiento del dueño, según la LAU. Si decide llevarlas a cabo, una vez que finalice el acuerdo, tiene que dejar la casa en su estado inicial.

En el caso de inquilinos con minusvalía, aunque hayan notificado la necesidad de realizar obras de mejora en una casa de alquiler, también deberán dejar la casa tal y como estaba en un principio una vez que finalice el contrato de alquiler.


Se pueden dar muchas respuestas a la pregunta ¿Por qué alquilar un piso? Sin embargo, las más frecuente e importantes para los propietarios de viviendas arredradas suelen estar relacionadas con el ingreso de las rentas.

Y es que la decisión de no alquilar provoca pérdidas económicas al dueño, ya que los pisos inhabitados igualmente conllevan una serie de gastos fijos que no se pueden dejar atrás.

¿Por qué alquilar un piso? En concreto, porque aporta una rentabilidad del inmueble mes a mes que puede utilizarse, por ejemplo, para pagar el mantenimiento y mejora de la casa. Además, hay que tener en cuenta que siempre se podrá disfrutar de ella o venderla finalmente, respetando los derechos de los inquilinos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Asimismo, se puede desgravar el alquiler, lo cual es un gran beneficio para el propietario.

Por otro lado, otra de las razones de por qué alquilar un piso es que actualmente existen seguros de alquiler muy eficaces y asequibles que protegen al dueño de inconvenientes como la falta del pago de las rentas, la necesidad de realizar un desahucio o pagar los desperfectos realizados en el piso por parte del inquilino.


Los seguros de impago de alquiler son productos muy beneficiosos para los dueños de viviendas arrendadas. Y es que en el momento en el que un usuario decide arrendar un inmueble de su propiedad debe ser consciente de que circunstancias negativas para su economía pueden ocurrir como, por ejemplo, el impago de las cuotas por parte del inquilino.

En este sentido, los seguros de impago de alquiler protegen al asegurado frente al impago de rentas hasta 3.000 euros, con un máximo de 12 mensualidades, o frente a daños malintencionados en la vivienda, hasta un máximo de 3.000 euros. Igualmente, cubre los gastos de abogados, procuradores o notarios, entre otros, en un proceso de desahucio.

El precio de los seguros de impago de alquiler varía desde los 150 euros hasta el 3,9% de la renta anual. Además, la renta no podrá superar el 40% de los ingresos anuales del arrendatario.

Por último, en el momento de contratar los seguros de impago de alquiler, el cliente debe presentar el DNI del inquilino, sus últimas nóminas, un contrato laboral y el contrato de alquiler firmado por ambas partes.

Para más información está operativo el Departamento de Atención al Cliente de Seguro de Alquiler en el teléfono 902 879 496.


La posibilidad de desgravar el alquiler es una de las ventajas de arrendar una vivienda.

En este sentido, los propietarios no deben repercutir el IVA en los recibos del inquilino, aunque sí los beneficios que obtienen por tener el piso alquilado. Para calcularlo solo hay que restar los gastos deducibles a los ingresos y así poder desgravar el alquiler.

Los gastos que se pueden deducir son, entre otros, los siguientes:

- Los gastos e intereses del dinero invertido en la adquisición de la vivienda, así como en el mobiliario.
- Los impuestos y tasas, como el IBI o los gastos de comunidad.
- Los gastos de formalización del alquiler.
- Los gastos relacionados con la finca, como la vigilancia.
- Las primas de contratos de seguro de hogar.

La reducción suele ser del 60% para los inmuebles arrendados como vivienda habitual y pueden llegar al 100% si se alquila a personas de entre 18 y 30 años, siempre que tengan unos rendimientos netos del trabajo superiores al 75% del IPREM.

Es importante aclarar que desgravar el alquiler es incompatible con otras deducciones por vivienda habitual ya que estas situaciones no se pueden dar al mismo tiempo. Únicamente sería posible en el caso de alquiler de habitaciones en la residencia habitual.


La subrogación del contrato de arrendamiento puede darse en aquellos casos en los que fallece el propietario de la vivienda alquilada. En este sentido, la Ley de Arrendamientos Urbanos indica cuál sería el procedimiento y el orden a seguir si los familiares del arrendador estuvieran interesados en el inmueble.

En la subrogación del contrato de arrendamiento las personas que quieran acceder a la vivienda deberán responder, igualmente, a los derechos y obligaciones como inquilinos y pueden ser las siguientes:

- El cónyuge del inquilino, siempre que vivieran juntos.

- La pareja del mismo, si hubieran convivido al menos durante dos años. En el caso de que tengan hijos, el tiempo mínimo se elimina.

- Descendientes bajo la tutela del arrendatario o que hubieran convivido al menos dos años con él.

- Padres o hermanos del inquilino que vivieran con él por un tiempo mínimo de dos años antes al fallecimiento.

- Personas con minusvalía igual o superior al 65%, con hasta tercer grado de parentesco y que hubieran convivido dos años en la casa.

Por último, si no se dan ninguna de estas condiciones, la subrogación del contrato de arrendamiento no se llevaría a cabo.



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